Aliados: «Take Flight» — La celebración

Este proyecto de ley amplía la ley del año pasado relativa a las residencias universitarias separadas por sexos en los campus públicos a las residencias privadas. Si se aprueba el proyecto de ley, los propietarios que gestionen residencias universitarias separadas por sexos podrán limitar la ocupación en función del sexo de nacimiento.

La HCR 4 es una resolución que declara su apoyo a los principios de libertad religiosa y reafirma la postura de la Legislatura sobre la religión en los espacios públicos.

En concreto, la HCR 4 reconoce el papel de la religión en la historia del gobierno y la educación, apoya el derecho de los alumnos y profesores de las escuelas públicas a expresar abiertamente su fe, fomenta las adaptaciones para la observancia religiosa en entornos gubernamentales y comunitarios, y apoya la protección de los símbolos religiosos en los espacios públicos.

La SB 174 modificaría la legislación de Utah para permitir que los proveedores de atención médica, las instituciones y las aseguradoras discriminen a los pacientes por sus creencias religiosas y derechos de conciencia. La SB 174 afirma que los proveedores de atención médica, las instituciones sanitarias y los pagadores de atención médica tienen derecho a la conciencia, lo que les permite negarse a prestar, participar, pagar o gestionar el pago de un servicio de atención médica que viole sus creencias morales, éticas o religiosas.

El proyecto de ley HB 204 se centra en acomodar las creencias religiosas o de conciencia sinceras de los estudiantes dentro de las instituciones públicas de educación superior de Utah. El proyecto de ley ampliaría los requisitos para que las instituciones de educación superior establezcan políticas que acomoden razonablemente la objeción de un estudiante a una tarea o actividad obligatoria de un curso si entra en conflicto con las creencias religiosas o de conciencia sinceras del estudiante.

La HB 302 forma parte de una acción legislativa más amplia que sigue a la HB 77 (la ley de 2025 que restringía las banderas que podían ondear en propiedades públicas) y a los posteriores esfuerzos de la ciudad por modificar o adoptar nuevas banderas —incluidas las del Orgullo y otras banderas simbólicas— para sortear esa ley. La HB 302 otorga a la Legislatura poder de veto sobre las banderas de los gobiernos locales, lo que limita la capacidad de los municipios para adoptar banderas oficiales sin la aprobación del estado. En virtud de la HB 302, los gobiernos locales se verían limitados a una sola bandera «oficial», mientras que se daría a los municipios la posibilidad de izar banderas «ceremoniales», sujetas a la revisión del Comité de Revisión de Normas y Supervisión General de la Legislatura.

La HB 193 restringe el uso de fondos públicos para la atención médica de reafirmación de género. En concreto, el proyecto de ley prohíbe que los fondos públicos —incluidos Medicaid y los planes de seguro de los empleados estatales— cubran los tratamientos médicos de reafirmación de género para las personas transgénero. La HB 193 bloquearía efectivamente el acceso a la cobertura de estos tratamientos para los adultos transgénero acogidos a programas de seguro público.

La HB 174 convierte la moratoria de Utah sobre la atención sanitaria para la reafirmación de género de menores en una prohibición total. El proyecto de ley también interfiere en la relación médico-paciente de los pacientes menores que habían sido eximidos para poder recibir atención sanitaria en virtud de la moratoria existente, y les obliga a reducir gradualmente la medicación, con el objetivo de poner fin al tratamiento.

Este proyecto de ley impide que se tomen medidas disciplinarias contra un profesor de una escuela pública de Utah por utilizar un nombre o pronombre distinto al solicitado por el alumno, siempre que se haga de buena fe o a petición de los padres del alumno. El proyecto de ley también limita las medidas disciplinarias que se pueden tomar contra un empleado público por utilizar un nombre o pronombre distinto al solicitado por otro empleado, siempre que se haga de buena fe o por una creencia religiosa o moral sincera. Este proyecto de ley fue propuesto por el representante Peck el año pasado, y trabajamos en estrecha colaboración con los legisladores de la Cámara de Representantes para enmendar el proyecto de ley e incorporar el lenguaje antidiscriminatorio del Compromiso de Utah. Finalmente, convencimos a los legisladores de que incluso el proyecto de ley enmendado era innecesario y trabajamos con ellos para rechazar el proyecto de ley en una audiencia del comité del Senado.

La HB 183, Enmiendas a la designación de sexo, deshace años de políticas negociadas minuciosamente que protegen a la comunidad transgénero en Utah. En particular, la HB 183 dejaría a los transgéneros de Utah desprotegidos de la posibilidad de tener un empleo remunerado y un techo sobre sus cabezas, al eliminarlos de la ley que los protege contra la discriminación en la vivienda y el empleo. El proyecto de ley va más allá en este ámbito de la ley, al prohibir de forma inconstitucional a las personas transgénero de Utah desempeñar una serie de trabajos que las pondrían en contacto con menores, como los de trabajadoras sanitarias, profesoras, consejeras y muchos otros. El proyecto de ley HB 183 también elimina a las personas transgénero de Utah de las protecciones de la ley contra los delitos de odio de Utah. El proyecto de ley prohíbe los cambios de indicador de género en los certificados de nacimiento. Y, de forma especialmente cruel, el proyecto de ley HB 183 permite a los habitantes de Utah adquirir matrículas personalizadas que menosprecian a alguien por su identidad de género. Trabajaremos con diligencia para oponernos a esta legislación cruel e inmoral, y animaremos a otros legisladores a hacer lo mismo.

Se trata de un proyecto de ley patrocinado por el representante Trevor Lee que propone cambiar el nombre de Harvey Milk Boulevard en Salt Lake City por Charlie Kirk Boulevard. El proyecto de ley anularía la autoridad local para tomar decisiones al exigir el cambio de nombre mediante una acción estatal en lugar de un proceso municipal. Sus partidarios lo plantean como una medida simbólica, mientras que sus detractores argumentan que se trata de un gesto de guerra cultural que no aborda cuestiones prácticas de gobernanza y que tiene por objeto provocar, en lugar de resolver, los problemas que afectan a los residentes de Utah.

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